El Supremo israelí mantiene la orden de demolición por el ataque fallido con cohetes contra Modi'in Illit
Por Redacción de The Israel DeskPublicado:
El Tribunal Supremo de Israel, actuando como Alto Tribunal de Justicia, mantuvo la orden de demoler el apartamento de Abdullah Mahmoud Saud al-Khatib en Kafr Nima. Khatib está acusado de organizar un ataque fallido con cohetes contra Modi'in Illit. En una sentencia del 29 de octubre, Yael Willner, Yechiel Kasher y Ruth Ronnen rechazaron por unanimidad el recurso de su esposa y sus dos hijos. El intento no causó muertos ni heridos.
El recurso y la orden impugnada
El caso, HCJ 33193-09-26, enfrenta a Israa Abu Aadi y sus hijos con el comandante militar de la zona y el ministro de Defensa. Impugna una orden de confiscación y demolición dictada conforme al artículo 119 del Reglamento de Defensa de Emergencia de 1945. Los jueces examinaron esa decisión administrativa, con las acusaciones contra Khatib como antecedente factual.
El apartamento está en un edificio propiedad del padre de la esposa, donde otros familiares ocupan viviendas independientes. La orden definitiva afecta a la unidad en la que Khatib residía con su familia inmediata. El resto del edificio, incluido un apartamento contiguo vacío, queda excluido. Esa delimitación pesó en la evaluación de proporcionalidad.
El ataque había llegado a la fase de ejecución
La sentencia resume una acusación según la cual Khatib formó una célula, fabricó cohetes y equipos de lanzamiento y realizó pruebas para preparar ataques repetidos. El 17 de septiembre de 2025, dos integrantes bajo sus órdenes colocaron dos cohetes cerca de Modi'in Illit y realizaron los pasos necesarios para dispararlos contra la ciudad.
Uno cayó y dañó el mecanismo del otro, impidiendo ambos lanzamientos. Willner rechazó la descripción familiar de los hechos como un plan que nunca se había materializado. Consideró que el equipo acumulado, las pruebas y los actos en el lugar de lanzamiento mostraban una operación que había avanzado mucho más allá de una intención general.
La ausencia de víctimas no resolvía la cuestión
Willner reconoció que las órdenes de demolición suelen referirse a atentados que causaron muertos o heridos graves. Sin embargo, concluyó que intentos de gravedad excepcional pueden alcanzar el umbral para aplicar el artículo 119. Citó un precedente relativo a un intento de atentado masivo contra un autobús en el que nadie resultó herido.
El tribunal centró su análisis en las posibles consecuencias de la operación con cohetes y en la intención de repetir los lanzamientos. Dio peso a la naturaleza de los actos y a su peligrosidad, aunque un fallo técnico impidiera el resultado buscado. Mantuvo la orden atendiendo a las circunstancias concretas del expediente.
El perjuicio a familiares ajenos a los hechos
Los recurrentes sostuvieron que la demolición castigaría a familiares que no participaron en la conducta imputada ni sabían de ella. Cuestionaron la legalidad y la eficacia disuasoria de la medida y propusieron sellar una habitación como alternativa menos dañina. Willner rechazó los argumentos generales remitiéndose a la jurisprudencia, aunque reconoció el grave efecto sobre los niños.
Ronnen coincidió con el resultado, pero expresó reservas sobre la lógica disuasoria. Razonó que no cabe esperar que los familiares eviten actos de los que nada saben. También planteó si perjudicar a personas ajenas a los hechos podría reducir su incentivo para desalentar ataques cuando su propia conducta parece incapaz de influir en el destino de la vivienda.
Limitar la demolición resultó decisivo
Ronnen se apoyó finalmente en la gravedad excepcional de los actos imputados, el vínculo residencial claro de Khatib con el apartamento y la limitación de la demolición a esa unidad. Su voto concurrente muestra que la coincidencia en el fallo vino acompañada de un énfasis distinto sobre el daño familiar y los motivos para aceptarlo.
La orden militar inicial incluía toda la planta baja. Tras la objeción de la familia se excluyó el apartamento contiguo vacío. La sentencia también recoge precauciones de ingeniería destinadas a reducir daños en otras partes del inmueble y propiedades próximas. Esas modificaciones acotaron la medida antes del pronunciamiento judicial.
El tribunal aceptó la explicación del retraso
La familia cuestionó además los aproximadamente 11 meses transcurridos entre el intento de ataque y la notificación de demolición, sosteniendo que debilitaban su finalidad disuasoria. El Estado atribuyó el retraso a las exigencias de la guerra y a la necesidad de autorización individual del primer ministro y del ministro de Defensa por tratarse de un ataque sin víctimas.
La sentencia aceptó esa explicación. El Jerusalem Post informó el 1 de noviembre de que, según el Estado, el Consejo de Seguridad Nacional trabajaba en una política más amplia para casos sin víctimas. El efecto de esta resolución fue inmediato y concreto: el recurso familiar quedó desestimado y la orden relativa al apartamento de Khatib siguió vigente.
